Sociedad
civil organizada dando resultados: el caso de la Ley General de Derechos de la
infancia y Adolescencia
20 de
enero de 2015
Autora: Ana
Luisa Nerio Monroy
Decidí
empezar los blogs de este 2015 con un tema esperanzador: la promulgación en diciembre de 2014 de Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes. Más que referirme a la
Ley y su contenido, quisiera recapitular la historia del proceso de su elaboración
y aprobación para reconocer el papel de las organizaciones civiles.
La Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, (4 de diciembre de 2014)
es el resultado de un largo proceso de trabajo y proyectos fallidos de ley. Su
antecesora, “Ley Federal para la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”
de mayo de 2000, constituía un primer esfuerzo que desafortunadamente contenía
muchas limitaciones y contradicciones que dejaban clara su falta de adecuación
a los estándares internacionales en la materia.[1]
En 2012,
la Cámara de Diputados reabrió el debate sobre una nueva Ley General de
Protección integral de los derechos de la Niñez. La Comisión para la Atención
de Grupos Vulnerables de la LXI legislatura decidió elaborar una nueva ley de carácter
general. El proyecto fue publicado en abril de 2012 pero no logró ser aprobado.
Durante su discusión y elaboración la sociedad civil no fue consultada ni
incorporada en los debates.
En este
contexto, organizaciones de derechos de la infancia, entre éstas la Red por los
Derechos de la Infancia en México (REDIM), realizaron acciones para exigir una
ley general que cumpliera con los estándares internacionales de derechos de la
infancia. La REDIM colocó entonces dos campañas que abonaban a la discusión del
tema: 10 por la Infancia, cuyo primer punto propone crea un Sistema Integral de
Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescente; y la campaña "Por una
Ley que esté a la altura de su infancia" #x1leydealtura que ha realizado
aportes sistemáticos para la construcción de la Ley General de Garantía de
Derechos de niñas, niños y adolescentes.
El
primero de septiembre el jefe del ejecutivo Federal, Presidente Enrique Peña
Nieto, mandó al Congreso de la Nación un proyecto de Ley General para la
protección de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que obligaba al poder legislativo
a aprobar la ley en un plazo máximo de 30 días. El proyecto fue realizado sin
consultar ni a la sociedad civil ni al sector académico.
El
proyecto de ley carecía de perspectiva de derechos humanos de infancia, y
mantenía el enfoque tutelar, asistencial que ha caracterizado al estado
mexicano. Las niñas, los niños y
adolescentes, en dicha iniciativa, no estaban considerados como sujetos de
derechos. Si bien la creación de un Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la infancia y Adolescencia era positivo, el diseño propuesto profundizaba
la visión asistencial. El DIF era la
institución responsable del Sistema, lo que reforzaba la visión asistencial que se tiene del tema. Y muy grave: no se contemplaba la participación
de la sociedad civil.
Nuevamente, las organizaciones civiles realizaron
diversas acciones para mejorar la ley, una de éstas fue la convocatoria de la
REDIM para sumar firmas de líderes de opinión ciudadana y ciudadanos en
general, bajo
el lema “Si gana la niñez, gana México, ganamos todas y todos”, para
solicitar la creación que el Sistema Nacional, operara través de un mecanismo
de coordinación de alto nivel presidido por el poder ejecutivo para articular a
las y los Secretarios de Estado para diseñar la política pública de infancia.
Otra preocupación que colocaron las organizaciones
civiles fue la creación de una Procuraduría
de Atención a la Infancia porque era otra iniciativa interesante pero limitada
pues carecía de asignación de presupuesto, por lo que dicha institución
resultaría totalmente inoperante e
inviable.
Después de semanas de intenso trabajo en donde
deben reconocerse dos cosas: la voluntad política de los legisladores para
recibir las propuestas de la sociedad civil, y los aportes e insistencia de las
organizaciones civiles y personas expertas del sector académico para lograr una
Ley acorde a los estándares internacionales de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, se logró contar con una Ley que si bien es perfectible, es un
buen avance a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes del país.
La Ley fue aprobada por
la Cámara de senadores el 6 de noviembre de 2014, una vez que se aceptaron las
modificaciones realizadas en la Cámara de diputados, entre las que se destacó
la relativa a la sustitución en la Ley el término derechos sexuales y
reproductivos de los menores y por el de educación sexual y reproductiva. La Ley fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 3 de
diciembre de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 4 y entró en vigor el 5 del mismo mes.
Como señalé al inicio de este documento, la Ley General
es perfectible, sin embargo no me queda la menor duda de que el resultado
hubiera sido mucho más limitado si las organizaciones civiles no hubieran
participado y hecho propuestas bien sustentadas y argumentadas para darle un
mejor contenido. Es una vez más la sociedad civil la que cuestiona, impulsa,
propone y se constituye como agente de cambio social.
@aluisanerio
[1]
Para abundar sobre este tema, véase Red por los Derechos de la Infancia
en México, “Desafíos actuales para la garantía de los derechos de la infancia.
Análisis del marco legal mexicano”, (ensayo) en La Infancia cuenta en México
2012. Desafíos actuales para la garantía de los derechos de la infancia.
Análisis del marco Legal Mexicano. México, 2012. Pág. 18 a 93.
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